El Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega declaró hoy "inaceptable" la presencia de un Grupo de Trabajo para Nicaragua creado por el Consejo Permanente de la OEA, al que calificó de "injerencista" y al que, según dijo, no les abrirá sus puertas para dar seguimiento a la crisis que atraviesa este país, la más sangrienta desde los años 80.
"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua declara inaceptable la presencia en nuestro país de la Comisión injerencista integrada el jueves 9 de agosto por el Gobierno de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos", señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración pública.
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El Gobierno de Ortega señaló a ese Grupo de Trabajo de haber sido conformado y dirigido por Washington, desde la OEA, en su afán "de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua", por lo que, sostuvo, "no son bienvenidos a nuestro país".
"Por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio", afirmó.
El Gobierno explicó que suscribió esa declaración de conformidad con sus políticas de seguridad soberana, dignidad nacional, "y de exigencia de respeto a nuestras decisiones de Estado, que confirman nuestra independencia y orgullo nacional, como corresponde a los hijos" del poeta Rubén Darío y el héroe nicaragüense Augusto C. Sandino.
La creación del Grupo de Trabajo, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive Nicaragua, fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
El Grupo integra a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guayana, México, Panamá y Perú, y tiene por objetivo colaborar en el proceso de diálogo nacional en el país centroamericano y articular medidas de apoyo, acompañamiento y verificación.
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Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra las víctimas en 198, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los años 80.
Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
